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Noticia

VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2015

Las Administraciones Públicas, obligadas a reservar un porcentaje mínimo de participación en contratos públicos a los Centros Especiales de Empleo

La abogada Patricia Serrano analiza la modificación de la Disposición adicional quinta de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de reserva de contratos.

Trabajador de Fepamic Accesibilidad Universal (FAU) en una obra.
Trabajador de Fepamic Accesibilidad Universal (FAU) en una obra.

Audio de la entrevista en Onda Cero a Patricia Serrano: Análisis de la nueva Ley de Contratos Públicos y cómo afecta a los Centros Especiales de Empleo

El 9 de septiembre de 2015 se publicó la Ley 31/2015, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

Se trata de una Ley destinada fundamentalmente a regular diversos aspectos del trabajo por cuenta propia, necesaria tras el incremento que ha sufrido el colectivo como consecuencia de la crisis económica que padece el país, haciendo mención especial a los Centros Especiales de Empleo (en adelante, CEE), las Empresas de Inserción (en adelante, EI) y la discapacidad.

En primer lugar, modifica la regulación de la prohibición de discriminación por razones de discapacidad, refiriéndose no ya a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, sino a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

En segundo lugar, introduce nuevas bonificaciones aplicables a las entidades de la economía social, aplicando bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las empresas de inserción en los supuestos de contratos de trabajo suscritos con personas en situación de exclusión social para la regulación del régimen de las empresas de inserción, de 70,83 €/mes durante toda la vigencia del contrato, o durante tres años en caso de contratación indefinida, o bien de 137,50 €/mes durante toda la vigencia del contrato o durante tres años, en caso de contratación indefinida, para el caso de menores de 30 años, o menores de 35 que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Bonificaciones que no serán compatibles con las previstas en el artículo 16.3.a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

Y en tercer lugar, modifica la Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre relativa a los Contratos reservados, configurándola como sique:

  1. 1.       Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sean trabajadores con discapacidad o en centros de exclusión social.

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.

  1. 2.       En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.

Esta reforma, que ha entrado en vigor el día 10 de octubre de 2015, regula la reserva de los contratos para las Entidades Sociales como un deber para los Entes de decisión, que obligatoriamente habrán de fijar un porcentaje mínimo de reserva. Obligación que viene a modificar la redacción anterior, mucho más laxa en este sentido, ya que únicamente establecía la posibilidad –como opción - de reservar contratos para los Centros Especiales de Empleo. Constituye una excepción al régimen de licitación previsto con carácter general para los contratos de las Administraciones Públicas, por motivos de carácter social y se justifica porque, en condiciones normales de competencia, estos talleres pueden tener dificultades para obtener contratos.

Sin embargo, la redacción del legislador ofrece serias dudas en cuanto a la interpretación del porcentaje de personas que han de tener discapacidad o encontrarse en situación de riesgo de exclusión social dentro de los CEE o EI a las que va destinada la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para obtener la Calificación de Centro Especial de Empleo y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, es necesario que, al menos, el 70 % de sus trabajadores sean discapacitados, siendo considerados como tales aquellos cuya discapacidad supere el 33 % (art. 4.2). Por su parte, las Empresas de inserción social, para ser consideradas como tal, deberán estar integradas por personas en situación de exclusión social en, al menos, un porcentaje del 30% durante los tres primeros años de actividad y, al menos, el 50% del total de la plantilla a partir del cuarto año; siendo personas en situación de exclusión social las reguladas en el art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, tales como demandantes de empleo que además perciban rentas mínimas de inserción o que ni siquiera puedan acceder a ellas, jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogodependencia o de rehabilitación o reinserción social, internos de centros penitenciarios, menores internos por responsabilidad penal, procedentes de centros de alojamiento alternativo, de servicios de prevención e inserción social autorizados por la CC.AA y Ceuta y melilla.

Teniendo en cuenta la exposición sobre los porcentajes de plantilla con discapacidad o en riesgo de exclusión social, necesarios para obtener la calificación como CEE o como EI, no tiene sentido el establecimiento de la condición para la reserva de contratos con la Administración Pública que establece que ambos tipos de Entidades han de tener, al menos, un 30 % de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, pues su simple condición o calificación como empresa o entidad de ese tipo lleva implícito el reconocimiento de tales circunstancias.

El establecimiento de dicha condición hace pensar que el legislador ha querido limitar el acceso de los CEE y las EI a la reserva de contratos con la Administración Pública, estableciendo un plus a su condición y barajándose varias interpretaciones posibles:

  1. Que se refiera a que, al menos, un 30% de sus trabajadores, lo sea discapacitado cualificado, es decir, que su discapacidad supere el 65%
  2. Que se refiera a que, al menos, un 30% de sus trabajadores, lo sea discapacitado y, además, en riesgo de exclusión social, lo cual puede interpretarse como discapacitado y en riesgo de exclusión por encontrarse dentro de cualquiera de los colectivos que establece la ley o, por tener una discapacidad superior al 65%, lo que lo hace considerarse como de difícil inserción.
  3. Que se refiera a que, al menos, un 30% de sus trabajadores, lo sea en Riesgo de exclusión social cualificado, por encontrarse en más de una de las situaciones que establece la Ley para ser considerado como en riesgo de exclusión social.

Independientemente de cuál sea la interpretación que se le otorgue, siempre y cuando suponga un plus a la consideración de discapacidad o de inserción social, va a suponer un avance y mejora en la reserva de los contratos en el sector público, ya que va a limitar las empresas que accedan a ellos y que, anteriormente lo hacían mediante el uso de subcontratas u otras técnicas alternativas a la reserva de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

 Patricia Serrano, abogada.

 

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