La entidad cordobesa alerta del riesgo de colapso de los servicios para personas con discapacidad en Andalucía debido a la falta de financiación adecuada y exige un Pacto de Estado que garantice su sostenibilidad. La organización, junto a miles de personas y organizaciones, se movilizó en Sevilla para reclamar un modelo justo que cubra los costes reales de atención y asegure los derechos del colectivo.
La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic) se ha sumado este martes a la movilización organizada por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Andalucía) en Sevilla. Miles de personas y entidades de toda Andalucía han alzado la voz para exigir una financiación justa que garantice la supervivencia de los servicios esenciales que atienden a más de medio millón de personas en la región.
Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic, ha subrayado la «situación límite» que atraviesan las entidades del sector. «No podemos seguir adelante con tarifas desfasadas que no cubren el gasto real de los servicios. Estamos asumiendo los costes de un sistema que debería ser responsabilidad de las administraciones públicas. Si no hay cambios, muchas entidades se verán abocadas al cierre, dejando sin apoyo a miles de personas y familias», afirmó Rodríguez durante la concentración en la Plaza de España de Sevilla.
Fepamic, que lidera la atención a personas con discapacidad física y orgánica en Córdoba, ha insistido en la necesidad de un nuevo modelo de financiación que permita a las entidades cubrir los costes de funcionamiento y garantizar una atención de calidad. «No pedimos caridad, pedimos derechos», señaló Rodríguez.
Reclamos hacia las administraciones
Desde Fepamic y Cermi-Andalucía se han trasladado exigencias tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía. Entre las peticiones, destacan la creación de un Pacto de Estado que blinde las políticas sociales y asegure la igualdad de derechos en todo el territorio nacional, así como una revisión al alza de los costes plaza en los servicios financiados por la Junta.
«Es imprescindible que se implementen mecanismos de actualización automática de las tarifas en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) y de las subidas salariales contempladas en los convenios colectivos. Solo así podremos garantizar la viabilidad a largo plazo de los servicios que ofrecemos», explicó Sara Rodríguez.
El riesgo de desamparo para miles de familias
La movilización también ha puesto de manifiesto el impacto que tendría el cierre de estos servicios en las personas con discapacidad y sus familias. Patricia Gascón, usuaria de uno de los programas gestionados por Fepamic, expresó su preocupación: «Gracias a estas entidades podemos formarnos, trabajar y tener una vida autónoma. Si desaparecen, ¿qué será de nosotros?».
Desde Fepamic han recordado que la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos. «Sin servicios adecuados, las personas con discapacidad quedan relegadas al olvido. Las administraciones tienen que asumir su responsabilidad y actuar de inmediato», concluyó Rodríguez.
La federación insta a todas las fuerzas políticas para que prioricen la atención a las personas con discapacidad y aprueben medidas que aseguren la sostenibilidad del sistema.